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A PROPÓSITO DE LO QUE "ES DIFÍCIL DE ENTENDER... PERO OCURRIÓ"

En los números de Manises Info, correspondientes a los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012, aparecen, en el apartado de OPINIÓN Y REPORTAJES, unos artículos ( opinión o reportaje) firmado por José Vicente García Puig, bajo el título de “Es difícil de entender… pero ocurrió”, con respecto a la persecución religiosa en España durante la II República al que quisiera dar la réplica en el mismo medio en que apareció, pero creo que no va a ser posible, ya que, según indican, se reservan el derecho a descartar aquellos escritos que superen las diez líneas, razón por la cual buscare otro medio para llegar a cuantos se tomen la molestia de leerlo. Recurriré a Facebook.
El autor nos ilustra de que “muchos historiadores extranjeros, pasadas más de siete décadas, de 1936 a 1939, se pregunta ¿El por qué ese odio que surgió en España en ese trienio a la Iglesia Católica?
Continúa ilustrándonos al indicar que “para analizarlo bien tendríamos que ir hasta principios del siglo XIX. Nada más lejos de la realidad.
El odio a la iglesia católica, a mi modesto entender, no surge en España en el trienio 1936/1939 ni tiene su origen en el siglo XIX; es un estado de ánimo que se ha venido incubando desde la reconquista. La iglesia católica, debido a su comportamiento durante siglos, no es ajena a la opinión que le merecía y merece a una gran parte de la ciudadanía española, sobre todo a las clases populares. La iglesia católica estuvo durante muchísimos años cogidita de la mano del Poder político, desde el primer Concilio de Nicea (en la actual Turquía), bajo el dominio de Constantino El Grande, pasando por las monarquías absolutistas, surgidas a raíz de la decadencia del Imperio Romano en los albores de la alta edad media, hasta nuestros días.
En Iberia, más tarde España y Portugal, la iglesia católica se expande, de la mano de la reconquista, hasta la caída del último reino moro de Granada, por toda la península Ibérica, influyendo de manera hegemónica en todas las decisiones políticas tomadas por los monarcas, destacando en principio la instauración de la “Santa Inquisición” por los “ Reyes Católicos” en 1478 (aunque había precedentes en la antigua Corona de Aragón que databan del siglo XIII), que extendió sus feroces tentáculos represores de la “herejía” hasta las colonias recién descubiertas de América y Asia ( Filipinas); la expulsión de los moriscos, primero, y de los judíos después, (que sí que fue una larguísima, sangrienta y cruel persecución –se inicio en 1478 y abolió en 1834, bajo el reinado de Isabel, II-), sin olvidar las enormes ventajas que consiguió con el descubrimiento de América y su posterior “evangelización”.
Desde entonces ( probablemente con la excepción del reinado de José Bonaparte9 hasta el advenimiento de la República, la iglesia católica nunca dejó de intervenir en cuantas decisiones políticas se tomaban, siempre en beneficio propio, como demuestra las enormes riquezas que acumuló hasta la desamortización de Mendizábal; desamortización que, dicho de paso, sólo benefició a la alta aristocracia y la alta burguesía adinerada, que fueron los únicos que pudieron acudir a las subastas de las enormes fincas; riquezas que continuó acumulando después de que en 1845, durante la Década Moderada, el Gobierno intentó restablecer las relaciones con la Iglesia, muy deterioradas por la desamortización, lo que consiguió con la firma del Concordato de 1851, a cambio de no pocas y sustanciosas concesiones y prebendas.
“Aprovechando el momento propicio de la Década Moderada que en 1845 ya había aprobado la Ley de Donación de Culto y Clero que restituía a la iglesia católica en los bienes desamortizados y no vendidos, aprobó y firmó con el papa Pío IX un concordato por el que el Estado español reconocía a la Iglesia Católica como la única de la nación española así como sus derechos a poseer bienes”.
“La Religión Católica, apostólica, romana, que con exclusión de cualquiera otro culto continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de S. M. Católica con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la ley de Dios(¿?) y lo dispuesto por los sagrados cánones (...)”
“También establecía su participación en la determinación de la enseñanza”:
“En su consecuencia la instrucción en las Universidades, Colegios, Seminarios y Escuelas públicas o privadas de cualquiera clase, será en todo conforme a la doctrina de la misma religión católica; y a este fin no se pondrá impedimento alguno a los obispos y demás prelados diocesanos encargados por su ministerio de velar sobre la pureza de la doctrina de la fe y de las costumbres, y sobre la educación religiosa de la juventud en el ejercicio de este cargo, aún en las escuelas públicas (...)”
“Finalmente se restablecían sus jurisdicciones así como la capacidad de censura”.
“S. M. y su real gobierno dispensarán asimismo su poderoso patrocinio y apoyo a los obispos en los casos que le pidan, principalmente cuando hayan de oponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper las costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos (...)”
“La Iglesia por su parte aceptaba la desamortización efectuada hasta entonces y levantaba las condenas eclesiásticas efectuadas en su momento contra el Estado y sus instituciones a causa de las mismas. El tratado, además, fijaba el número de diócesis que existirían en España, ligeramente inferior al número de sedes episcopales (ocupadas o vacantes) existentes en aquel momento”.
Durante el corto periodo de la República, y con la aprobación de la nueva constitución republicana, se procedió por ley a la total separación de la iglesia católica o cualquier otra religión del Estado, como queda meridianamente claro en el los art. 3 y 26 que a continuación se exponen:
Art, 3 : El Estado español no tiene ninguna religión oficial.
Artículo 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero.
Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes.
Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:
1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado,
2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de justicia.
3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
4. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la enseñanza.
5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación.
Los bienes de las Órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.
En 1953, por deseo expreso del general Franco, se renueva el concordato aumentando los ya de por sí grandes privilegios de la iglesia católica; privilegios que se mantienen y perpetúan en virtud el nuevo concordato establecido 6 días después de la entrada en vigor de la nueva constitución democrática, aprobada por los españoles en referéndum el 6 de diciembre de 1978.
No serán suficientes motivos para justificar una persecución, pero razones no faltan, ya que la iglesia siempre ha estado apoyando a los poderosos contra las clases populares y proletarias, que sufrieron durante siglos las consecuencias de su clase, que no fueron otras que la explotación a manos de sus empleadores y la falta de instrucción pública. La Iglesia Católica siempre ha estado dispuesta a adoctrinar a la población en la sumisión (en esta vida) a los poderosos, bajo la promesa de una vida mejor, después de muertos, para toda la eternidad.
Es muy significativo del carácter de la iglesia católica plasmado en una frase que le leí a José María Gironella, puesta en boca de un obispo de Girona, en el tercer libro de la trilogía, titulado Ha estallado la Paz, para amparar y justificar las atrocidades cometidas durante la represión franquista: “la santa intransigencia“. Podemos considerar que fue una prolongación extemporánea de la “santa inquisición”.
Me permito exponer los primeros párrafos de la opinión de D. SANTIAGO CASTELLÀ, profesor de Derecho Internacional Público y de Religiones de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
“El 3 de enero de 1979, a los seis días de la entrada en vigor de la Constitución Española, se firmaba en la Ciudad del Vaticano un conjunto de acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede que configuran el conocido como Concordato con la Iglesia Católica por medio del cual España regula sus relaciones con esta confesión religiosa. Este Concordato sustituye al de 1953, que negociado desde la acuciante necesidad de reconocimiento internacional de la España franquista, confirmaba la profunda confesionalidad del Estado definido por los principios fundamentales del Movimiento como una "Monarquía tradicional, católica, social y representativa" que "considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspira su legislación"; todo ello simbolizado con la imposición a Franco de las insignias de la Orden de Cristo, la mayor distinción que la Santa Sede puede conceder a un político. Parecía pero, que en 1979, mucho, o casi todo, había cambiado, tanto en la Iglesia, que tras el Concilio Vaticano II aceptó parcialmente el principio de tolerancia religiosa, como en España ahora constituida en un Estado social y democrático de Derecho.
La Constitución del 78 diseñó un modelo de Estado aconfesional, proclamando en su artículo 16 la libertad ideológica, religiosa y de culto y afirmando que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". Sin embargo la Constitución no quiso establecer un modelo de clara fundamentación laica, en el que el Estado se mostrara indiferente a lo religioso, por entender que sus acciones y objetivos no deben entrar en un ámbito propio de la conciencia individual de las personas, limitándose a garantizar, sin discriminación alguna la libertad de creencias.
El sistema constitucional español se fundamenta en la neutralidad del Estado, pero al tiempo en el mandato de cooperar con las confesiones religiosas, entendiendo por tanto que entre los objetivos del Estado se encuentra la concurrencia y cooperación con las religiones para que estas desarrollen sus actividades confesionales. Y además, un dato nuevo debe tenerse en cuenta, el artículo 16 señala que "los poderes públicos (...) mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones": esta mención explícita a la religión católica ha sido criticada por diversos autores, que la consideran perturbadora del eje básico de la visión constitucional configurada en torno al principio de libertad religiosa y de culto, y que la califican como una declaración de "confesionalidad sociológica" del Estado.
Ante estos datos, y desde una aproximación democrática y laica, es lógico recelar de un Concordato con la Santa Sede, negociado desde 1976 por políticos vinculados a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, hecho al margen de la Constitución, y que cae sobre ella como una pesada losa que se impone sobre toda su legislación y que compromete internacionalmente la voluntad del Estado, generando responsabilidad por su incumplimiento. España ha queda así hipotecada por un Concordato, que tan solo puede modificarse con un nuevo acuerdo entre España y la Santa Sede y que no prevé la posibilidad de renuncia o retiro unilateral, siendo nula cualquier ley o disposición normativa de rango inferior contraria a sus disposiciones”.
Hasta aquí el escrito de D. SANTIAGO CASTELLÀ,
No me cabe la menor duda de que en la retaguardia de la República se cometieron barbaridades muy reprobables, tales como persecución, represión e, incluso, asesinatos de personas por su condición de católicos o religiosos; pero era de esperar dado el enorme caos que se había provocado con la sublevación militar, con la alta traición cometida por una gran parte de los mandos supremos del Ejercito español, que habían dejado cuasi inerme al Gobierno de la República y, por ende, al Pueblo español.
En esta caótica situación, en los primeros momentos, se sucedieron actos de violencia muy reprobables. Pero en ningún momento fueron ordenados ni alentados por el Gobierno de la República. Fueron reacciones populares organizadas por elementos totalmente descontrolados, sabedores de cuantos desmanes se estaban sucediendo en la zona donde triunfó la rebelión militar; zona en la que se produjeron de inmediato actos de persecución, represión y asesinatos de personas por su condición de sindicalistas, militantes de partidos políticos de izquierdas; o, simplemente, por haber sido simpatizantes o votantes de estos partidos.
En este caso, según historiadores, no eran incontrolados que actuaban al amparo del caos; eran miembros de Falange Española y de las JONS o simpatizantes del alzamiento que actuaban al amparo de la impunidad que les brindaba su condición.
Como ejemplo de cuanto sucedió en ambas zonas, sirva el del asesinato de García Lorca, que se produjo el 18 de agosto de 1936, un mes después del triunfo de la sublevación en Granada.
Todos los desmanes que se cometieron en la zona sublevada, se cometieron al amparo del decreto firmado por el general Miguel Cavanellas, presidente de la Junta de Defensa Nacional, en Burgos el 13 de septiembre de 1936, que más tarde se vino a llamar “DECRETO DE INCAUTACIÓN DE BIENES MARXISTAS”, del que extraemos algunos artículos para que los lectores juzguen:
Artículo primero). Se declaran fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales ... que han integrado el llamado Frente Popular...
Artículo segundo). Se decreta la incautación de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado.
Artículo quinto). Los generales jefes de los Ejércitos de operaciones o los de columna o unidad a quienes estos hayan dado instrucciones al efecto podrán, en las plazas ocupadas y que en lo sucesivo se ocupen, tomar medidas precautorias encaminadas a evitar posibles ocultaciones o desaparición de bienes de aquellas personas que por su actuación fueran lógicamente responsables directos o subsidiarios, por acción o inducción, de daños y perjuicios de todas clases ocasionados directamente o como consecuencia de la oposición al triunfo del movimiento nacional.
Los datos que ofrece el escrito sobre la persecución religiosa, los asesinatos de religiosos y los saqueos de ajuares religiosos de iglesias, no merecen más credibilidad que la que se puede dar a opiniones de parte ( la historia la escriben siempre los vencedores ), ya que proceden de religiosos que, como la gran mayoría, se pasaron toda la guerra y la larga posguerra, que para algunos como el autor del escrito aún no ha terminado, magnificando lo sucedido en la retaguardia de la República y falseando lo ocurrido en la retaguardia de la sublevación para aumentar el acerbo de mártires de su abultada lista, lista con la que continuar embaucando al personal para desacreditar a la República.
Las fotos publicadas, con toda probabilidad, son falsas; eran fruto de falsificaciones orquestadas por elementos reaccionarios para justificar las atrocidades cometidas en nombre del nuevo orden que pretendían los sublevados con la instauración del nuevo régimen, apoyados por la razón de la fuerza, que no con la fuerza de la razón.
Sirva como ejemplo lo que en Manises contaban las crónicas populares de la época (a mi me lo contó mi madre). En 1945, cuando ya se estaban apaciguando las ansias de venganza (que no otra cosa fue la represión que se llevó a cabo contra personas que fueron fieles a la República), elementos que tiempo más tarde se identifico como falangistas, pintaron letreros contra Franco y su régimen en el tramo de lo que hoy es la avenida de Blasco Ibáñez, entre la calle Dr. Gargallo y la calle Mayor, con el objeto, al parecer, de recrudecer la persecución de elementos “desafectos al régimen “, como se les llamaba, y que no decayera el afán de revancha.
También fue fruto de aquella época la fatídica lista que circuló entre los grupos faciosos, en la que se tenía fichados a todo@ los ciudadan@s divididos en falangistas, 349; adictos, 1617; enemigos, 1851; dudosos, 1188; total, 5005.
Mi padre fue recluido en un batallón de trabajadores durante cuatro meses bajo esta acusación por haber servido a la República como soldado. Y mi abuelo Sandalio (el Roig -perquè tenia els cabells rojos, com jo-) encarcelado hasta 1947 por haber sido presidente del Comité Antifascista. Incluso a mí me represaliaron nada más nacer: Nací el 6 de enero de 1942 (día de Reyes), razón, al parecer, por la que era acreedor de una cesta de ajuar de recién nacido, regalo que hacían las autoridades locales a todos los niños nacidos ese día ( no debieron ser muchos ). Cuando mi madre fue a recoger la cesta le dijeron que no tenía derecho porque su padre, mi abuelo, estaba en la cárcel por rojo.
Sé que esta réplica se ha hecho muy larga, pero al libelo panfletario que la ha provocado no le he podido contestar de manera más escueta, ya que vierte una catarata de prejuicios, que no opiniones, que no vienen a cuento 72 años después de apagados los ecos de la contienda, contienda provocada por elementos de la reacción, muy amantes de España, pero enemigos declarados de el pueblo llano que la habita.
La Memoria Histórica, tan denostada por la reacción, no pretende otra cosa que restablecer el buen nombre de todos los asesinados por la represión fascista y proporcionarles una tumba en donde los deudos puedan recordarlos. En ningún momento se ha buscado la revancha. Ni yo escribo esto con ningún afán polémico de nada, ni con ánimo de abrir viejas heridas; sólo me mueve el deseo, dentro de mis modestas posibilidades, de informar sobre las causas que provocaron la tremenda confrontación entre hermanos que nunca debió de ocurrir.
Como final, incluyo las represalias de uno y otro bando ( ambas execrables) que se cebaron en vidas humanas; represalias que espero por el bien de todos que no se vuelvan a repetir jamás. En Manises se ejecutaron 14 personas durante el periodo republicano, entre el 18.07.1936 y el 14.02.1937, según publica Vicente Cebellán en La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936/1939, Valencia, Alfons El Magnànim, 1996, p. 267. Y entre el 12 de junio de 1939 y el 21.11.1942 se ejecutaron 45 personas, según se publica en Els fusellaments al Pais Valencià ( 1938/1956), València, Alfons El Magnànim, 1993, p. 324-325.
Por decoro no publico los nombres, pero si alguien las quiere saber, se las pasaré en privado.
En Manises a 14 de diciembre de 2011
Rafael Asunción Martínez

Aniversario del "glorioso" 1º de Abril (1939)

VIÑETA EXTRAIDA DE UNA PUBLICACIÓN CLANDESTINA Y QUE HACE REFERENCIA A LOS "25 AÑOS DE PAZ (IENCIA)"  LA PAZ DE LOS MUERTOS Y REPRESALIADOS POR LOS FASCISTAS REBELDES QUE INICIARON LA MAL LLAMADA GUERRA CIVIL

Con el permiso de mi hermano Rafael Asunción. (hay que darle toda la difusión posible)

En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército rojo, han alcanzado las tropas Nacionales sus últimos objetivos militares.
La guerra ha terminado.
Este era el último parte oficial de guerra emitido por la Sección de Operaciones del Estado Mayor del Cuartel General del Generalísimo, fechado en Burgos el 1 de abril de 1939, hace ahora 73 años.
Para los vencidos de la mal llamada contienda civil, ha tenido que pasar una durísima posguerra, de persecuciones, encarcelamientos y exilios, posguerra que duró casi 40 años; una transición en donde los perdedores ( y sus herederos), tuvieron que aceptar las condiciones impuestas por los vencedores o sus herederos (lo que se llamó la transición democrática), para que se retornara a una situación de libertades anterior al 18 de julio de 1936; y, por último, casi cuatro décadas de democracia, para que a fecha de hoy, 1º de abril de 2012, 73 años después de aquella aciaga fecha que informaba del final de una guerra, que no era más que el final de una tropelía ilegal ( una sublevación militar y un golpe de estado, en definitiva: un acto terrorista sin paliativos) infringida por sometimiento a l@s ciudadan@s de España, para que volvamos a ser víctimas de los mismos estamentos oligárquicos que han dominado siempre este país.
Para no remontarnos muy atrás en la historia, recordemos el (o los) juicios contra el Juez Garzón (y la dura sentencia emanada en uno de ellos, que le separa de la judicatura, que le priva de su medio de vida ) como inicio del hostigamiento, acoso y, finalmente, derribo de los avances sociales y democráticos que hemos podido alcanzar a trancas y barrancas en esta España nuestra, que dice la canción, pero que cada vez es menos nuestra.
Después de los juicios, el triunfo del PP en las elecciones generales del 20N, nos sorprende (a algunos menos que a otros), una vez abierta la legislatura y constituido el Gobierno, con una durísima legislación (reforma) laboral, en la que el único derecho que nos queda a los trabajadores es el de no vernos obligados a ceder en el derecho de pernada (pero todo se andará) a los empresarios. Para darnos una idea de lo desequilibrada que es la nueva ley de relaciones laborales, basta con recopilar las declaraciones de los dirigentes empresariales: todos contentíííísimos. Ni un solo reproche. Lo que no sé es a quién piensan venderle sus productos los empresarios cuando las rentas de los trabajadores les den apenas para subsistir. Y encima nos amenazan con privatizaciones, que aún mermarán más las rentas salariales. No sé qué opinarán ahora algunos, bastantes, trabajadores que han votado el PP.
Como colofón a los tres meses de gracia para el Gobierno de Rajoy, el día 1º de abril de 2012 se aprueban unos presupuestos generales que no les gustan ni a ellos (los del PP), según confiesan; “pero que son necesarios para terminar con la lacra del paro” (aumentando los parados al final del ejercicio en 600.000 más, según afirman ellos mismos ( los del PP). Esto no hay quién lo entienda.
Por último merece un comentario aparte el perdón por olvido, que eso significa la amnistía, que nos vamos a olvidar de que han defraudado a la Hacienda Pública, que somos todos, ocultando sus beneficios en paraísos fiscales (¿será porque estamos en Semana Santa y se sienten devotos y magnánimos con los recursos sociales?), ofrecido a los defraudadores, si repatrían todos los caudales evadidos, el perdón, castigándolos solo a un par de cachetes y a que entreguen el diezmo (10%) de lo evadido, como dicen los Evangelios.
Muy bien. ¿Y qué diremos a los españoles y españolas, perceptores de una renta salarial sujeta a fiscalidad, sin posibilidad de evasión, que han pagado religiosamente entre un 30/35% de su base imponible? Que pelillos a la mar, que para salir de la crisis la hemos de arrimar el hombro todos. Eso sí, unos, los de siempre, (mucho) más que otros.
No contentos con la amnistía fiscal, que beneficia exclusivamente a los empresarios defraudadores, la ministra de Empleo (¿?), Dª Fátima Báñez, se nos descuelga con “un plan de lucha contra el fraude… de la Seguridad Social y del cobro irregular de prestaciones por desempleo”, según informó el pasado día 2 en el senado (publicado por el periódico El País del día 3 de abril en la página 17). Muy bien señora ministra, palo a los defraudadores de medio pelo; ¿qué se habrán creído ellos, que los vamos a mantener sin trabajar?
En un país moderno se perseguiría a todos los defraudadores, pero con más ahínco a quienes más defraudan. En esa dirección es la primera en que debería el PP enfocar la persecución del fraude.
Como en aquel aciago día 1º de abril de 1939, hoy podemos decir, parafraseando aquel parte de guerra: En el día de hoy, 1º de abril de 2012, desmoralizadas y en desbandada, las huestes políticas de la izquierda española, la derecha ha alcanzado los últimos objetivos políticos.
Y en el PSPV-PSOE discutiendo sobre si son galgos o son podencos.
Si la socialdemocracia del PSOE no espabila, su electorado emigrará a otros predios políticos donde sus aspiraciones sociales se vean cumplidas.

RAFAEL ASUNCIÓN MARTÍNEZ