AUSTERIDAD: ¿PARA QUIÉN? AJUNTAMENT DE MANISES

De nuevo me permito publicar aquí en este Blog, un texto de mi hermano mayor, por creerlo de sumo interés para ampliar la imformación que se ha publicado recientemente por APM

DEBATE SOBRE LOS ASESORES

En la hoja informativa elaborada por APM-Compromis de Manises, aparece la lista de concejales, asesores y cargos de confianza que, se supone, administran los recursos municipales para llevar la gestión administrativa de la convivencia común. En la mencionada lista aparecen los 11 concejales del grupo municipal del PP, una persona que es trabajadora de la Generaitat Valenciana, que debe ser concejal también, puesto que el grupo consta de 12; dos secretarias de la alcaldía, dos responsables de prensa, un responsable de protocolo (¿?), un responsable de Proyectos de Modernización (¿?), que es el hermano del Alcalde, un gerente de la Fundación Municipal de Cultura, un asesor de educación, una  coordinadora de la Ley de Dependencia y tres asesores del PP. Total, entre concejales, cargos de confianza y asesores, 24 personas, que entre todos cuestan anualmente  al erario local, que sufragamos entre todos los maniseros, 993.813.05 € (165.356.578,14 Pts.). Nos salen por una media de 41.408,87 € cada uno al año.

A todo esto habría que sumar todos los/las militantes del PP que están contratadas/dos como personal interino, que son bastantes.

No entiendo muy bien, si hay 12 concejales “en régimen de dedicación exclusiva”, según reza la memoria explicativa del Presupuesto General, ¿para qué hacen falta 13 personas más en el equipo de gobierno del Ayuntamiento? Una de dos, o los concejales no reúnen los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus competencias, o el Ayuntamiento es como una oficina de colocación del PP.

Se me podrá contestar que todos los partidos tienen asesores. Sí, así es: la oposición, que son 9 concejales,  tiene un asesor a tiempo completo (21.916,32 € brutos anuales) y uno al 25% (5479.08 € brutos anuales) para el grupo socialista (5 concejales a tiempo parcial-17,5%-, según la redacción del Presupuesto); un asesor o auxiliar administrativo para el grupo de EU-IU  al 50% de dedicación (2 concejales a tiempo parcial-la misma dedicación del 17,5%-), y un asesor o auxiliar administrativo para el grupo de APM-Compromis  al 50% de dedicación (2 concejales a tiempo parcial en las mismas condiciones que el grupo anterior). Todo este equipo de oposición nos cuesta a los contribuyentes 158.224,22 €. Las conclusiones que las saque quien lea este escrito.

Lo que resulta paradójico es que la contratación de estos cargos de confianza o de asesoramiento se hace con arreglo al criterio parcial  de quienes ponen de manifiesto su  necesidad, sin someterse a ningún escrutinio profesional que avale su formación, capacidad y mérito; sin ser objeto de ninguna auditoría de RRHH que avale la necesidad de su contratación interina por parte del Consistorio. Son objeto de una contratación arbitraria de quienes han convertido la necesidad en virtud.

Lo lógico en cualquier contratación de personal, es ver cuáles son las necesidades reales de su contratación, qué virtudes profesionales les adornan, si su nivel de formación es el adecuado, si, en definitiva, van a alcanzar las expectativas argumentadas para su contratación en beneficio de una mejor calidad del servicio público que la Corporación debe prestar a la ciudadanía que la sostiene. Todas estas virtudes se han de exponer con la máxima claridad y transparencia en el Pleno, llevando a cabo su contratación después de un amplio debate público que asegure su idoneidad, tanto en número como en valores profesionales. El pueblo, que es el que paga, debe estar seguro de que se administran bien sus impuestos.

En los EEUU, donde el Presidente está investido de amplísimos poderes, muchos de los nombramientos que hace han de ser ratificados por el Senado y por la Cámara de representantes.

Cuando tantas familias están sufriendo recortes en servicios sociales, en sanidad, en educación, etc., etc.; cuando tantas familias tienen a más de uno de sus miembros, cuando no todos, en el desempleo y agotadas las prestaciones, ¿no sería mejor eliminar gastos innecesarios o superfluos?

Al hilo de las reflexiones enumeradas, ¿no parece excesivo que para administrar un presupuesto de 23.950.461,67 € hagan falta tantos directivos y con un coste tan elevado? Representa el  4,15% del presupuesto.

En definitiva, a la ciudadanía le cuesta la administración del Ayuntamiento, según se consigna en el Capítulo I, “GASTOS DE PERSONAL”, la friolera de 11.602.377,60 € (1.935.972.726,33 pesetas), lo que supone dedicar  un 48,44% de los recursos económicos al pago de los haberes del personal.

No podemos olvidar que todo este personal tiene unas necesidades de recursos para poder llevar a cabo su cometido; recursos que alcanzan la cifra de 7.680.214,20 €, como  se revela en el Capítulo II, “GASTOS CORRIENTES DE BIENES Y SERVICIOS”.

En el Capítulo III, “GASTOS FINANCIEROS”, podemos comprobar cuanto nos cuesta la financiación para hacer frente a la astronómica deuda acumulada (21.283.715,24 € al 01.01.13) para sufragar (con el dinero de todos)   las alegrías de nuestros gobernantes. Sólo para pagar los intereses de la deuda, hacen falta 1.358.314,00 €.

Pero no acaban aquí los costes económicos de la financiación, ya que las deudas hay que pagarlas, por lo que este año hay que amortizar, según consta en el Capítulo IX,  ”PASIVOS FINANCIEROS”, 1.794.000,00 €.

De todo esto se desprende que nuestros gobernantes han consumido 23.560.501,67 € de los recursos para mantener abierto el Ayuntamiento, dedicando al capítulo VI, “INVERSIONES”, 360.140,00 €, lo que supone  el 1,50 %, mientras que a  gastos corrientes se dedica  el 98,50%.

Si alguien ha hecho las cuentas comprobará que hay una diferencia de 30.000,00 €, que corresponden al capítulo VIII, “ACTIVOS FINANCIEROS”; es una cantidad que se consigna en el presupuesto para  atender necesidades financieras (anticipos) de los funcionarios. 

Como he dicho antes, las conclusiones que las saquen cuantos lean este escrito.

Rafael Asunción, enero de 2013